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| Diciembre 2012, número 14
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La autopista del Ecuador hacia la educación financiera
Los legisladores ecuatorianos muestran un notable espíritu pionero en muchos aspectos. En 2008, Ecuador fue el primer país del mundo en regular los Derechos de la Naturaleza, reconociendo el entorno físico como titular de derechos dignos de protección. En los próximos meses, se espera que también sea el primero en regular, esta vez a través de una norma de la Junta Bancaria del Ecuador, el enfoque, contenidos y alcance de los planes de educación financiera que están obligadas a desarrollar "a favor de sus clientes y público en general" las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBSE).
Si bien en un primer momento la novedad legislativa puede percibirse como una imposición de cierta complejidad, en especial por parte de aquellas entidades que no cuentan con experiencia previa en la materia, lo cierto es que también ofrece interesantes oportunidades para los propios bancos. ¿Cómo transformar una exigencia normativa en un motor para el progreso social y financiero de la comunidad?
Novedad y acierto del planteamiento ecuatoriano. La mayor parte de los países iberoamericanos están orientando sus políticas nacionales de educación financiera hacia el desarrollo de programas impulsados, diseñados y ejecutados por organismos públicos con competencias en el campo de las finanzas y/o la educación. Este esquema es positivo por cuanto acredita un elevado grado de sensibilidad y consenso institucional, pero también muestra un gran número de limitaciones e ineficiencias:
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- Dificultad para coordinar las prioridades, preferencias y recursos de las diferentes instituciones implicadas.
- La mayor parte de las iniciativas se orientan de manera preferente hacia la población escolar, por tratarse del único colectivo con un canal de acceso claramente definido. Esto conlleva una disminución de los recursos destinados a la formación financiera del público adulto, que resulta más compleja por cuanto requiere un mayor esfuerzo de segmentación.
- En consonancia con lo anterior, la educación financiera para adultos suele basarse en la puesta a disposición de materiales e información, lo que se ha revelado insuficiente e ineficaz: precisamente a causa de la generalizada falta de sensibilización y cultura financiera, no cabe esperar que las personas asuman por su propia iniciativa la responsabilidad de "encontrar" y utilizar los recursos formativos que se les ofrecen.
- Salvo contadas excepciones, las instituciones y organismos públicos no suelen estar bien posicionados para proporcionar educación financiera de manera directa, ya que no son prescriptores eficaces: o bien son completos desconocidos para el público, o se les identifica con otro tipo de funciones y propósitos muy alejados de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.
Ecuador parece dispuesto a optar por lo que probablemente sea un camino mucho más rápido, realista y eficaz: llevar la educación financiera al eslabón de la cadena en el que los proveedores de servicios bancarios se encuentran con las personas que pueden beneficiarse de esa formación, en el momento en el que realmente la necesitan.
El enfoque ecuatoriano, que no tiene por qué excluir la utilización de otro tipo de iniciativas o canales divulgativos, tiene el mérito y la lucidez de apostar por una educación financiera práctica y sobre el terreno: en lugar de esperar a que los usuarios "encuentren" la formación que precisan, la lleva directamente al lugar y el momento en que les resulta imprescindible para tomar decisiones informadas. Asumiendo que las relaciones con los intermediarios financieros constituyen una fuente de dificultades para muchas personas, asignar a dichos intermediarios la responsabilidad de salvar la brecha con los usuarios parece una buena forma de evitar potenciales desajustes en el funcionamiento del sistema. 
Ventajas y oportunidades. La extensión de la educación financiera está inseparablemente vinculada a la existencia de unos servicios bancarios de mayor calidad. La mejor preparación de los ciudadanos estimula el diálogo y la interacción con las entidades, lo que a su vez se traduce en una disminución de las quejas y reclamaciones derivadas de una insuficiente comprensión de la información financiera.
Tanto en Ecuador como en otros países del espacio iberoamericano se viene apreciando un creciente interés de los bancos por el desarrollo voluntario de programas de educación financiera, debido a las significativas ventajas que ofrecen frente a otros posibles enfoques de la RSE:
- Los contenidos de educación financiera forman parte del "corazón del negocio", por lo que las acciones de desarrollo pueden integrarse de manera natural dentro de la operativa cotidiana de la entidad.
- En la medida en que involucran a distintas áreas de actividad, tales iniciativas mejoran los procesos y sistemas de funcionamiento interno y contribuyen al aumento de la productividad.
- Refuerzan los vínculos con la comunidad y con los clientes actuales o potenciales, mejorando el posicionamiento social de la entidad.
- Con carácter general, la capacitación adicional que se proporciona a los empleados para el desarrollo de los programas de educación financiera redunda en una inmediata mejora de la operativa cotidiana; asimismo, permite el desarrollo de políticas de voluntariado corporativo, con un coste controlado y un efecto muy positivo sobre el clima laboral y la imagen de la organización.
Desde el punto de vista de los beneficios para la sociedad, la difusión de la cultura financiera a través de las entidades puede contribuir a una bancarización más equilibrada y equitativa. Aunque los términos bancarización e inclusión financiera se utilizan a menudo como si fueran sinónimos, en realidad se trata de escenarios completamente diferentes. La situación en España sirve como ejemplo de que un alto grado de bancarización no garantiza por sí solo ni la inclusión ni la equidad social, cuando sus ventajas son capitalizadas en exclusiva por las propias entidades financieras. Por tanto, conviene distinguir la bancarización meramente cuantitativa (gran parte de los ciudadanos utilizan los servicios bancarios) de la cualitativa (gran parte de los ciudadanos tienen acceso a unos servicios financieros asequibles, competitivos y de calidad). Implicar a las entidades en iniciativas de educación financiera puede minimizar los riesgos que afrontan las personas cuando se incorporan a unos sistemas financieros cada vez más complejos.
En este sentido, resultaría interesante que el camino abierto por la Junta Bancaria del Ecuador sirviera de inspiración a otros supervisores, extendiéndose hacia aquellas áreas del sistema financiero en las que un adecuado nivel formativo resulta vital, como es el caso de los mercados de valores.
Riesgos y desafíos en la fase de aplicación. Con independencia de los méritos técnicos, la oportunidad y necesidad de la cuestión regulada o la bondad de los objetivos perseguidos, la eficacia de cualquier norma depende en gran medida de dos factores: la rigurosa supervisión de su cumplimiento y un convencimiento generalizado de sus beneficios potenciales.
Supervisión. En el artículo La protección de los usuarios financieros, en manos de legisladores hiperactivos, comentábamos cómo las leyes europeas de protección de los consumidores tienen la molesta costumbre de "quedar en papel mojado": más allá de su función decorativa no suelen cumplir ninguno de los objetivos para los que han sido concebidas, debido a la inexistencia de una supervisión digna de tal nombre.
El proyecto de la Junta Bancaria del Ecuador obligará a las entidades a desarrollar metodologías de seguimiento y evaluación de sus programas de educación financiera. Tanto el planteamiento inicial del programa como los resultados anuales del mismo deberán ser remitidos a la Superintendencia de Bancos y Seguros, que podrá incluso sancionar las posibles infracciones. Asegurada así la capacidad legal del supervisor para controlar el cumplimiento de la norma, es necesario que disponga también de medios humanos, criterios definidos y voluntad para ejercer eficazmente tal control.
En este punto es donde suelen morir muchas de las iniciativas de protección de los usuarios financieros, por dos motivos: 1) La menor gravedad que se atribuye a estos temas, en comparación con otros requerimientos normativos, suele reducir con rapidez la presión supervisora; 2) En la medida en que no son cuantificables, la mayor parte de las previsiones sobre protección y educación de los consumidores no pueden ser objeto de una supervisión automatizada y estrictamente objetiva, sino que exigen una valoración caso a caso basada en una diversidad de factores. En el caso de la banca ecuatoriana, cada programa será diferente en función de un conjunto de variables que irán desde el volumen y tipo de negocio de la entidad a las características y necesidades del público objetivo. Aunque la superior dificultad de este tipo de análisis suele producir cierto desgaste en el ánimo de los supervisores, en este caso el carácter anual de la obligación otorga a la SBSE suficiente margen para asegurar que se cumplan tanto la letra como el espíritu de la norma.
Adhesión y complicidad de las entidades financieras. En el escenario más habitual, las entidades destinatarias de este tipo de normas actúan movidas por el temor a una eventual sanción, o se limitan a adoptar algunas medidas visibles, pero superficiales, para cubrir los mínimos exigidos. Sin embargo, la alternativa más beneficiosa es aquella en la que el cumplimiento normativo se vincula con la mejora de los procesos internos de la organización y refuerza las relaciones con los grupos de población que constituyen su público natural.
En estos momentos, existe un amplio consenso internacional sobre la importancia de la cooperación entre el sector público y la industria privada para promover la educación financiera, de manera que cada uno aporte sus propias ventajas competitivas. En el caso de Ecuador, el desafío reside en atraer la complicidad de los bancos hacia lo que debería percibirse como un ambicioso proyecto de progreso social, y no como una mera carga normativa.
Aspectos clave de la norma ecuatoriana. El proyecto de la Junta Bancaria del Ecuador muestra un amplio conocimiento de las necesidades esenciales de los ciudadanos en su relación con el sistema financiero. La norma desarrolla con gran detalle los principios, contenidos y elementos que deben hallarse presentes en la definición de los programas:
Principios. El programa tendrá carácter continuo y permanente, se enriquecerá progresivamente con nuevos contenidos y herramientas de difusión y ofrecerá siempre información actualizada. El punto de partida será la definición del público o públicos objetivo: sus características, necesidades formativas y canales idóneos de acceso serán determinantes para definir los contenidos, materiales y acciones en que se concretará cada programa.
Uno de los principios para los que la norma ya anticipa un especial control del supervisor es el que se refiere a la obligación de distinguir con claridad la educación financiera de las actividades comerciales de la entidad.
Contenidos. Los materiales se organizarán por módulos (en función del público objetivo) y temas a tratar (basados en el ciclo de vida de las personas). La norma facilita la labor de las entidades indicando los temas que, como mínimo, deberán desarrollarse de manera obligatoria: estructura y funcionamiento del sistema financiero (ventajas y desventajas, riesgos, buen uso, cláusulas de los contratos...), productos bancarios de captación (libretas de ahorro, cuenta corriente, cheque, depósitos a plazo…), ahorro y elaboración de un presupuesto familiar, administración del crédito, derechos y obligaciones del uso de las tarjetas de débito/crédito, remesas y banca electrónica, derechos y obligaciones contenidos en el Código de derechos del usuario del sistema financiero.
En este apartado cabe incluir la exigencia de crear módulos específicos para el personal de la entidad, destinados a capacitarles para ofrecer al público información genérica (no comercial) sobre las operaciones y productos bancarios, de acuerdo con el correspondiente código de conducta. Se prevé así la necesidad de alinear el funcionamiento cotidiano del banco con los objetivos del programa de educación financiera. Adicionalmente, cuando los programas incluyan acciones presenciales se desarrollarán módulos de "formación de formadores", con el fin de entrenar a los capacitadores en los contenidos del programa y en la adquisición de competencias de didáctica financiera.
Elementos. Todas las entidades deberán contar con un portal de Internet enlazado desde la página comercial del Banco, con una serie de contenidos mínimos obligatorios: glosario, productos y servicios ofrecidos por la entidad, explicaciones sobre fraudes, preguntas más frecuentes, etc. También incluirá calculadoras y simuladores u otras herramientas destinadas a facilitar la comparación y la toma de decisiones.
Otros elementos imprescindibles señalados por la normativa son: 1) La metodología de evaluación y seguimiento que permitirá valorar el desarrollo del programa y 2) La utilización sistemática de canales de difusión, tanto generales (dirigidos al público en general) como específicos para los diferentes grupos objetivo. Con esta previsión se reconoce que la tarea de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la cultura financiera requiere un importante esfuerzo de comunicación, y que las posibilidades de alcanzar los objetivos formativos aumentan cuando los destinatarios de las acciones son conscientes de su existencia, contenidos y propósito.
En resumen, la norma ecuatoriana plantea el novedoso desafío de aprovechar para la educación financiera los canales de acceso al público que ya están abiertos para el desarrollo cotidiano de la actividad bancaria. Con el adecuado enfoque, la adaptación de los procesos internos que resulte necesaria para garantizar el cumplimiento normativo también puede proporcionar a las entidades significativos beneficios en términos de calidad, productividad y reputación. Del grado de compromiso de todas las partes dependerá que la norma sirva como una vía rápida para mejorar la cultura financiera de los ciudadanos y el desarrollo social o que, por el contrario, se quede en un interesante experimento legislativo.
Cristina Carrillo
Addkeen Consulting - Buenos Aires
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